En Puerto de San Antonio la Fiscalía Nacional Económica actualizó a empresas portuarias estatales sobre buenas prácticas de prevención de conductas anticompetitivas
Alejandro Domic, subjefe de División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica, recalcó la importancia que tienen las empresas estatales para llevar a cabo proyectos no discriminatorios y que incentiven la competencia.
Directores y ejecutivos de cuatro empresas portuarias estatales participaron en un taller sobre diversas temáticas normativas organizado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), instancia que contó además con el apoyo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La cita, desarrollada en las oficinas de la Empresa Portuaria San Antonio, congregó a la presidenta del SEP, Paulina Soriano, y a la coordinadora general del Programa de Desarrollo Logístico del MTT, Mariela Barquín, además de los representantes de EPSA, Empresa Portuaria Coquimbo, Empresa Portuaria Valparaíso y Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente.
Alejandro Domic, subjefe de la División Antimonopolios de la FNE, recalcó la importancia que tienen las empresas estatales que administran los puertos para llevar a cabo proyectos no discriminatorios y que incentiven la competencia.
“Este es el tercer taller que estamos realizando junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Sistema de Empresas Públicas para difundir las mejores prácticas y trabajar en la prevención de conductas anticompetitivas en toda la cadena logística marítima. En ese sentido, esto nos permite compartir experiencias con las distintas empresas portuarias sobre cómo la Fiscalía Nacional Económica aborda estas temáticas dentro de sus trabajos, tanto en la prevención de estos ilícitos como también en la sanción de aquellos que han sido detectados en casos de colusiones o abusos de posición dominante”, explicó Domic.
Agregó que es importante analizar estos temas “por la relevancia que tiene la actividad portuaria dentro de todas las actividades económicas del país, es un núcleo imprescindible y crítico, y, en ese sentido, cualquier flanco o riesgo de conductas anticompetitivas tiene un impacto mucho más allá que solo en el puerto, sino que se extiende a todo el resto de la cadena logística”. Por lo mismo, recalcó que “es muy importante hacer una actualización de los conocimientos que tienen los directores y los ejecutivos de las empresas portuarias públicas”.
Alejandro Domic destacó que “la infraestructura portuaria requiere de proyectos de largo plazo y que la planificación y gestión en el día a día esté alineada a los objetivos de no discriminación. Desde ese punto de vista, en todos los desarrollos de infraestructura tanto portuaria como en aquella que se relaciona con el transporte terrestre en el caso del tren, es esencial resguardar que no se produzcan cuellos de botella y que la gestión, en aquellos que exista, sea, efectivamente no discriminatoria y que tienda a una mayor eficiencia que finalmente incentive a que tengamos una competencia más intensa”.
Por último, insistió en que “la función de las empresas portuarias públicas no es solo tener el rol de planificación, sino que más relevante aún es el rol de autoridad portuaria y de fiscalizar directamente a aquellas empresas concesionarias que operan sus terminales como también al resto de los agentes económicos que intervienen dentro de un recinto portuario”.
