Corte de Apelaciones de Valparaíso ordena habilitar albergue para desalojar a más de 10 mil personas de la megatoma de San Antonio
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio un plazo de 30 días a diversos servicios públicos, incluyendo la Municipalidad de San Antonio y los ministerios de Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, para que habiliten un albergue transitorio que permita llevar a cabo el desalojo de más de 10 mil personas que residen en la “Megatoma del Cerro Centinela” en San Antonio.
La resolución, que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema del 22 de marzo de 2024, establece que el albergue debe estar operativo antes del 4 de diciembre de 2025, bajo apercibimiento de medidas de apremio en caso de incumplimiento. El fallo ordena “implementar un recinto transitorio que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble”, según lo dispuesto por la Corte Suprema, y exige a las autoridades acreditar fehacientemente su cumplimiento ante la Corte de Apelaciones.
Esta decisión marca un paso clave hacia la fijación de una fecha definitiva para el desalojo del terreno, propiedad de la inmobiliaria San Antonio S.A., que ha sido ocupado durante más de cinco años. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la complejidad del proceso, señalando que “el desalojo de diez mil familias genera riesgos de distinta naturaleza” y aseguró que el Gobierno “hasta el último día buscará soluciones” para mitigar el impacto en los pobladores. Montes subrayó que “la ley se cumple”, pero enfatizó la necesidad de actuar con cautela debido a la magnitud del asentamiento.
Por su parte, Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria San Antonio S.A., celebró la resolución, afirmando que “se pone fin a las declaraciones sobre una supuesta suspensión del desalojo” y que esta medida permitirá “restablecer el Estado de derecho” y recuperar el terreno para sus propietarios tras una prolongada disputa legal.
La “Megatoma del Cerro Centinela”, uno de los asentamientos irregulares más grandes del país, alberga a miles de familias en condiciones precarias. La habilitación del albergue transitorio será crucial para garantizar que el desalojo se realice de manera ordenada y respetando los derechos de los ocupantes.
