Diputada Camila Rojas presenta proyecto que extiende plazo de regularización de loteos
La diputada sanantonina Camila Rojas Valderrama, ingresó un proyecto de ley que busca entregar certezas a las miles de familias que viven en los llamados loteos brujos: terrenos subdivididos ilegalmente, sin autorización municipal ni obras básicas de urbanización.
En la Región de Valparaíso, y especialmente en la Provincia de San Antonio, el fenómeno ha alcanzado niveles preocupantes. Cuatro comunas —San Antonio, El Quisco, El Tabo y Algarrobo— fueron catalogadas en 2019 como “zona crítica” por concentrar el mayor número de casos de loteos irregulares. A ellas se suma Cartagena, con una situación igualmente compleja.
“En San Antonio prácticamente todas las comunas están afectadas. Hay familias que compraron de buena fe, pero que hoy no tienen títulos de dominio ni acceso a agua potable o alcantarillado. Tienen dificultades para pavimentar, no pueden postular a subsidios ni mejorar sus viviendas. Viven en un limbo legal que no debiera continuar”, señaló la diputada Rojas.
La iniciativa modifica la Ley 20.234, extendiendo los plazos de regularización hasta el 31 de diciembre de 2025 para asentamientos ya consolidados. Con esto, quienes hayan comprado antes de esa fecha podrán obtener sus títulos y acceder a agua potable, electricidad y programas de mejoramiento urbano siguien el proceso de regularización ya establecido en dicha ley.
El proyecto también protege expresamente a los compradores de buena fe, y fija un límite: los loteos posteriores al 1 de enero de 2026 no podrán ser regularizados, cerrando la puerta a nuevas subdivisiones ilegales.
“Este proyecto busca un equilibrio: entregar seguridad a las familias, reconocer su derecho a vivir en condiciones dignas, y al mismo tiempo perseguir a las mafias del loteo irregular que lucran con la necesidad habitacional”, enfatizó la parlamentaria.
Complemento a otras iniciativas
La diputada Rojas también destacó que este proyecto se complementa con la moción presentada por la diputada Francisca Bello, de la cual también es firmante, que obliga a notarios y conservadores de bienes raíces a informar al Ministerio Público cuando detecten operaciones sospechosas de loteo irregular.
“Con ambas iniciativas cerramos el círculo: damos una salida a las familias que ya están instaladas y endurecemos la fiscalización para que no sigan proliferando estos loteos en el futuro”, sostuvo Rojas.
La parlamentaria recalcó que la crisis habitacional en Chile supera las 640 mil viviendas faltantes a nivel nacional, y que la situación de los loteos irregulares en la provincia de San Antonio refleja también ese déficit. “Es urgente que el Estado pueda entregar una respuesta integral. La gente no puede seguir dependiendo de la informalidad para acceder a un terreno”, concluyó.
