Diputadas presentan requerimiento contra parlamentarios UDI que requirieron información laboral de Natalia Valdebenito
Por “uso abusivo y desproporcionado de la facultad de oficiar sin un propósito fiscalizador legítimo”, las diputadas del Frente Amplio, Camila Rojas y Javiera Morales presentaron un recurso a la Comisión de Ética luego de que cuatro diputados oficiaran a más de 300 organismos del Estado para que informaran sobre contratos con la comediante.
Camila Rojas y Javiera Morales, ambas diputadas del Frente Amplio, ingresaron esta tarde un requerimiento a la Comisión de Ética en contra de Gustavo Benavente (UDI), Felipe Donoso (UD), Natalia Romero (Independiente – UDI) y Hotuiti Teao (Independiente – UDI).
Esto luego de que los parlamentarios de oposición oficiaran a más de 300 organismos del Estado para solicitar información sobre contratos con la comediante Natalia Valdebenito, posterior a la viralización de un chiste que hizo en uno de sus shows sobre la tragedia de los mineros de El Teniente, hecho por el que luego se disculpó públicamente.
En su requerimiento, las diputadas solicitan que se aplique la sanción más alta, que corresponde a la censura y una multa de un 15% de la dieta parlamentaria. A su juicio, y según consta en el documento: “No estamos frente a un ejercicio genuino de fiscalización, sino ante un acto político de hostigamiento masivo, desplegado a través de una herramienta institucional –el oficio parlamentario– cuya finalidad constitucional es otra”.
Las diputadas además señalan que “el carácter desproporcionado de la actuación es evidente: la fiscalización parlamentaria se concibió para examinar actos de Gobierno y garantizar el uso correcto de los recursos públicos, no para perseguir a ciudadanos por sus opiniones, menos aún en el ámbito del humor o la expresión artística”. Sumado a ello, se hace mención al gasto considerable de recursos que significa la emisión de 347 oficios idénticos, “tanto en la Cámara (al preparar y despachar cada oficio) como en los organismos receptores (que deben responder formalmente). Se trata, entonces, de un uso impropio y abusivo del aparato estatal, sin ningún resultado de interés público legítimo”.
“La propia reacción posterior de la comediante –quien emitió disculpas públicas– confirma que el episodio podía resolverse en el plano social y cultural, sin intervención institucional. No obstante, los diputados individualizados insistieron en convertir un hecho anecdótico en un procedimiento de persecución oficial, instrumentalizando la función parlamentaria para fines ajenos al control de actos del Gobierno”, recalca el requerimiento.
En concreto, Rojas y Morales citan un artículo constitucional, tres del Reglamento de la Cámara y uno del Código de conducta parlamentaria para justificar su requerimiento, señalando que los diputados de oposición habrían incurrido en: uso indebido y desproporcionado de recursos públicos; inexistencia de base legal o competencia fiscalizadora en el caso; hostigamiento a una persona particular y falta de respeto a su dignidad; afectación a la confianza pública y a la probidad.
Además, Camila Rojas señaló: “No podemos aceptar que se utilicen las herramientas parlamentarias de fiscalización para hostigar a una persona en particular. Consideramos que esto constituye un abuso de la facultad fiscalizadora y por lo tanto hemos solicitado a la Comisión de Ética que revise el caso y que aplique las sanciones que corresponde”.
Por su parte Javiera Morales agregó que: “Los diputados fiscalizamos actos de Gobierno. Pero acá hay diputados de la derecha que han utilizado sus atribuciones para pedir información a más de 300 municipios sobre actos y contratos de la artista nacional Natalia Valdebenito. Esto es un abuso de sus potestades. Quieren silenciarla. Y para quienes creemos en la libertad de expresión y consideramos que la Cámara de Diputados y Diputadas tiene que utilizar su poder para las atribuciones que tienen y no en contra de una ciudadana, esto no está bien”.
